Si vives en Andalucía...La factura de tus recetas médicas suben de precio

El plan que PP y Ciudadanos se han fijado para acometer (si forman Gobierno) en los próximos 100 días. Entre las “medidas de urgencia para la cohesión y la inclusión social”, el pacto incluye “la reversión del actual modelo de la subasta de medicamentos”. El PP presenta su decisión de revertir el modelo apoyándose en que “farmacéuticas, profesionales y pacientes han mostrado su oposición”, aunque admite que aún debe solventar cómo recuperar esos 177 millones anuales que la Junta restará a sus cuentas.

Mientras, Ciudadanos considera que la subasta “atenta contra la igualdad de acceso a prestaciones y fármacos para los andaluces en comparación con el resto de ciudadanos”, y les impide acceder a “fármacos novedosos” y limita sus “opciones terapéuticas”, precisa una portavoz. Ambas formaciones denuncian que la subasta causa desabastecimiento y que los andaluces toman fármacos de peor calidad que el resto de españoles, porque entre los adjudicatarios de las subastas abundan las compañías indias, a pesar de que todos cuentan con la autorización de la Agencia Europea del Medicamento.

La Junta defiende que la subasta es “una medida de eficiencia y ahorro que no afecta a la calidad farmacéutica y que permite revertir los beneficios del ahorro en el propio sistema sanitario público”.

Para la formación que preside Albert Rivera, “es un sistema que limita la I+D+i al negar el acceso al mercado a principios activos de pequeños laboratorios que no pueden competir con las ofertas de los grandes laboratorios”.

Sin embargo, la realidad parece ser justo la inversa, ya que los grandes laboratorios han optado tradicionalmente por evitar la subasta para no rebajar sus precios en Andalucía y así producir agravios comparativos en el resto de regiones, según fuentes del sector.

A pie de calle, Javier Rodríguez, dueño de una céntrica farmacia en Sevilla, está molesto con la subasta pero entiende “la parte económica de la Junta” y lo explica de manera gráfica: “El SAS [Servicio Andaluz de Salud] quería su parte de la tarta que se llevaban farmacias y laboratorios”. Desde 2012, la porción de la Junta han sido 586 millones tras 14 convocatorias de subasta.

Rafael Durbán, director de Laboratorios Durbán, que suministra ocho fármacos en Andalucía, subraya: “Los laboratorios grandes no se presentan porque si hacen ese descuento también en el resto de España, perderían mucho”. Durbán afirma que se interponen en los juzgados “cinco querellas” al mes contra la subasta para presionar y “han conseguido que otras comunidades autónomas no hagan subastas porque le da miedo al político de turno”. Mientras, la patronal Farmaindustria, tradicionalmente en contra de la subasta, opta por “esperar para valorar la idea hasta que se concrete”, según un portavoz.

Antonio Mingorance, presidente del Consejo Andaluz de Colegios Farmacéuticos que aglutina a 3.900 boticarios, censura la “inmensa burocracia” que les acarrea la medida. Mingorance matiza que el desabastecimiento solo lo sufren las farmacias, no los ciudadanos, y que es un problema europeo. Y aprovecha para acallar las voces críticas sobre la calidad de los genéricos producto de la subasta: “Todos los medicamentos son seguros y eficaces”.